Cumplir la Ley de Salud Mental y sumar estrategias de reducción de daños

La mayoría de los candidatos ve en la aplicación de la reciente Ley de Salud Mental un puntal importante para mejorar la atención sanitaria de las personas que usan drogas.


Ricardo Alfonsín, Aníbal Fernández, Claudio Lozano, Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Martín Sabbatella, Elisa Carrió y Silvana Giúdici se pronunciaron explícitamente a favor de la reducción de daños.

 

Este tema será eje de la panel “Aportes para pensar los dispositivos de atención a personas que usan drogas” (15:00 a 16:30 hs), el martes 5 de julio en la 9 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. Salón Auditorio, Congreso de la Nación,
Av. Rivadavia 1853, Ciudad de Buenos Aires.

Con sucesivos avances y retrocesos, en los últimos años se va afianzando la idea de que el usuario de drogas no es alguien que está violando la ley y, por lo tanto, la atención de los problemas de salud derivados del consumo de drogas no debe tener relación alguna con el campo penal. La asociación civil Intercambios preguntó a los candidatos: ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado a los problemas de salud asociados a las drogas? ¿Qué medidas concretas propondría? ¿Qué piensa de la reducción de daños?

La mayoría se mostró en sintonía con la tendencia que propone un abordaje exclusivamente sanitario. Ricardo Alfonsín, candidato a presidente por la alianza Unión para el Desarrollo Social, respondió que se debe “separar claramente la intervención sanitaria del proceso penal”, se mostró partidario de una respuesta articulada con la Ley de Salud Mental que restringe el recurso de la internación y aseguró que “las estrategias de reducción de daños podrían jugar un rol importante”.

La reducción de daños –también conocida como reducción del riesgo o minimización de los daños- es una política social que tiene como objetivo prioritario disminuir los efectos negativos del uso de drogas y mejorar la calidad de vida. A partir de reconocer que muchas personas no pueden o no quieren suspender su consumo, las estrategias de reducción de daños promueven el autocuidado y el acercamiento progresivo a los servicios de salud. No reemplaza los servicios dirigidos a la abstinencia, sino que es una alternativa y complemento de otros tratamientos.

Aníbal Fernández, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, destacó la creación de Dirección de Salud mental y Adicciones y señaló: “No debe descartarse ninguna línea de intervención sociosanitaria; incluyo en esto la mayor amplitud en la reducción de daños”. En su opinión, el abordaje múltiple por parte del Estado debe incluir, además del área de Salud, a las de Educación, Desarrollo Social y Trabajo.

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista Claudio Lozano propuso implementar un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Estupefacientes, acompañado con “una política de reducción de daños focalizada en función del mapa de consumo problemático. Las campañas de prevención no deben basarse en el abstencionismo”.

Mientras que el candidato a presidente del Partido Obrero, Jorge Altamira, propugnó “la educación contra el consumo” como parte de “un programa de transformación social”, Aníbal Ibarra, candidato a legislador porteño del Frente Progresista Popular, mencionó “la inclusión de guardias y servicios de desintoxicación en los hospitales generales”.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente Amplio Progresista Victoria Donda abogó por la prevención, pero aclaró: “Si la persona ya está en contacto o en relación con las drogas, estoy de acuerdo con las políticas de reducción de daños. Por otro lado, creo que debe implementarse urgentemente un Programa Nacional de Prevención de  Adicciones”. Perteneciente a la misma alianza y al mismo distrito, Margarita Stolbizer, candidata a gobernadora coincidió en que “la reducción de daños es una de las medidas más interesantes a nivel internacional que se han tomado en este sentido”.

Martín Sabbatella, candidato a gobernador bonaerense por Nuevo Encuentro, destacó que “la respuesta del Estado debe fundarse en los pilares de la gratuidad, la accesibilidad, la integralidad, la equidad y la universalidad” y que “debe contemplar en lo específico la perspectiva de la promoción y protección de derechos como así también la de la reducción de los daños asociados al consumo”.

La candidata presidencial de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, propuso la creación de centros especializados ad hoc, ya que, según aclaró, “los adictos no pueden ser tratados en los mismos ámbitos que los pacientes generales y/o psiquiátricos dadas las características de su patología”, y consideró la reducción de daños como un abordaje “auxiliar o complementario de las estrategias de prevención de adicciones”.

Según Ricardo López Murphy, candidato a jefe de Gobierno porteño por el Partido Autonomista, “debe brindarse un abanico de oferta de atención, estableciendo diversos objetivos, adaptando las intervenciones a la heterogeneidad de las situaciones y al análisis de los casos particulares”. Por su parte, el candidato a presidente de Unión Popular, Eduardo Duhalde, dividió la respuesta que debe dar el Estado demarcando las responsabilidades de los ámbitos municipal, provincial y nacional.

Finalmente, Silvana Giúdici, candidata a jefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, coincidió con varios de los consultados en destacar la importancia de la aplicación de la Ley de Salud Mental y consideró que “la política de reducción de daños es compatible con el respeto a las libertades individuales en un Estado democrático y permite acercar a los adictos políticas de salud pública inclusivas y que favorecen la reinserción de los adictos”.

Documento adjunto: Salud – Cuadro comparativo de respuestas

Las respuestas textuales y completas de cada candidata/o pueden consultarse en el blog de la 9 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas: https://conferenciadrogas2011.wordpress.com

Los comentarios están cerrados.