Conclusiones y Perspectivas

Gana consenso la despenalización de la tenencia y el autocultivo para consumo personal

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Por noveno año consecutivo,  el pasado 5 de julio de 2011 se desarrolló en el salón auditorio del edifico anexo de la Cámara de Diputados de la República Argentina la 9º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. Organizada por la asociación civil Intercambios, organización no gubernamental con quince años de experiencia en el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, la jornada convocó a más de 400 participantes y a especialistas, funcionarios públicos y activistas de la Argentina. En un año marcado por la agenda electoral, Intercambios presentó además una encuesta realizada a los candidatos sobre las reformas necesarias a la ley de drogas. “En la Argentina el fin de la guerra contra las drogas debe reflejarse en una reforma de la Ley de Estupefacientes 23.737 que despenalice la tenencia de drogas para el consumo personal y el autocultivo”, afirmó Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, al inaugurarla Conferencia.

Touzé recordó que, a cuarenta años de que el ex presidente Nixon declarara a las drogas como “enemigo público”, el pasado 17 de junio setenta organizaciones sociales de América Latina firmaron una declaración llamando a terminar con una guerra que “sólo trajo violaciones a los derechos humanos, muertes, encarcelamiento masivo de usuarios de drogas, campesinos y mujeres pobres”.

En ese marco, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó: “Basta de perseguir a los perejiles. No hagamos la estupidez de pensar que a la droga se la combate persiguiendo a pibes que andan con un porro”. En cuanto a la reforma de la actual Ley de Drogas 23.737, expresó: “A fin de este año dejaré de ser Jefe de Gabinete, pero voy a seguir en el tema como senador, y si la reforma no sale antes, les garantizo que después sale”.

A su turno, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la delincuencia organizada trasnacional y la corrupción, recordó historias de vida de personas usuarias de drogas torturadas o encarceladas en los últimos tres meses: “Es mucho más fácil sumarse al spot publicitario de ‘guerra a las drogas’, pero ¿contra quién es la guerra? Contra doce mil personas que son encarceladas al año por usar drogas, pequeños comerciantes del tráfico y mulas”. Y concluyó: “Yo no quiero que el máximo éxito sea el fallo de la Corte”, en referencia a la sentencia del máximo tribunal conocida como Fallo Arriola, que en 2009 declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo.

Yago Di Nella, director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación anunció que “se están incorporando equipos de salud comunitaria de atención en seiscientos Centros de Integración Comunitaria (CIC) de todo el país para la atención de las adicciones y también la prevención”. El funcionario de la cartera de salud aseveró: “Es inédito en la Argentina que una política de salud en adicciones comience con la atención de las personas y no la persecución de las sustancias”.

Legisladores a favor de la despenalización

Los diputados nacionales Horacio Alcuaz (GEN), Victoria Donda (Libres del Sur), la legisladora porteña Diana Maffia (Coalición Cívica) y Alejandra Rico (en representación de Adriana Puiggrós, diputada nacional del Frente para la Victoria) abrieron la mañana en la mesa redonda “Las políticas de drogas en la agenda de la campaña 2011”, coordinada por la periodista Eva Amorín, responsable de prensa de Intercambios Asociación Civil. Coincidieron en sus posiciones a favor de la despenalización tanto de la tenencia para consumo personal como del autocultivo, como modificaciones necesarias de la ley de estupefacientes 23.737.

El diputado del GEN, Horacio Alcuaz, opinó que el autocultivo “es más seguro y sirve para desarticular un sector de la comercialización”, con lo que coincidieron Donda, Maffia y la asesora de Puiggrós. “Es el Estado quien debe demostrar inequívocamente si una persona es parte de una red de narcotráfico y no la persona que está cultivando en forma privada; si no, se invierte la carga de la prueba”, planteó Donda.

Con referencia a las propuestas de eliminar no sólo la tenencia para consumo sino también la figura de “tenencia simple”, Rico dijo: “Debemos diseñar una ley posible y consensuada entre todos los sectores. Hay que debatir las implicancias de eliminar este concepto”. La diputada Donda ejemplificó que “la tenencia es la acción previa a la acción, por ende no es penal; puedo tener una lapicera y usarla para escribir o tirársela a alguien en el ojo”. Y sostuvo que el piso de discusión es a partir de la categoría de tenencia simple. Diana Maffia estuvo de acuerdo.

Al analizar cómo diferenciar en la ley a los distintos actores del tráfico, Alcuaz señaló: “En el marco de las distintas responsabilidades de esta cadena, tiene que haber penas diferenciadas. Hay que tener en cuenta que cuando algunos niveles de la política o la policía le sacan la protección a los eslabones más bajos, cae el `pichi`, que es el más rápidamente reemplazable y no incide en la prosecución del negocio”.

Victoria Donda y Diana Maffia resaltaron la inequidad de género demostrable en la estadística: el 70% de las mujeres que está en el sistema penitenciario tiene relación con causas de estupefacientes. Se solicitó el cumplimiento de la norma que prevé prisión domiciliaria para estas mujeres, en su mayoría pobres y jefas de hogar.

Los legisladores culminaron sus exposiciones con el reclamo de un Estado presente para la prevención y tratamientos, así como para la creación de condiciones de vida dignas. Un no rotundo a la participación de las fuerzas armadas y a la ligera asociación mediática entre jóvenes, violencia y droga, junto con la urgente necesidad de reforma legislativa y de denuncia de la connivencia político/policial, fue la síntesis de la discusión del panel.

Crimen organizado y economía de las drogas

¿Cuáles son las características de los mercados ilegales de drogas? ¿Cuál es la relación entre el Estado y estos mercados? ¿Es cierto que la mayor persecución penal la sufren los consumidores, los pequeños vendedores y las “mulas”? Estas preguntas orientaron el panel “Drogas, control y seguridad”, que con la coordinación del investigador Alejandro Corda, integrante de Intercambios, puso al descubierto aspectos económicos, de complicidad estatal y de impacto sobre las vidas de los eslabones más frágiles del mercado de las drogas.

 “El problema no es el narcotráfico sino el crimen organizado”, afirmó el experto en seguridad internacional Marcelo Saín, profesor de la Universidad de Quilmes, al explicar cuáles son las características de los mercados ilegales de drogas. “Los mercados ilegales necesitan la intervención del Estado para estructurarse”, aseveró el experto. Y señaló a la policía como “el actor que regula el mercado ilegal de las drogas”.

A su turno, el economista Enrique Aschieri, coordinador del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, profundizó en el análisis: “La lógica de la mercancía ilegal tiene la misma lógica de mercado que la legal. Si no hay demanda, no hay a quién producirle. El problema del crimen organizado, es la demanda de los países centrales y el tema drogas es uno más de los mercados trasnacionalizados”.

Por su parte, la psicóloga María Santos, responsable del equipo de Género de la Procuración Penitenciaria de la Nación, detalló que “las mujeres son las principales privadas de su libertad por temas de drogas”. El resultado de la investigación “Mujeres en prisión, los alcances del castigo” -realizada en conjunto con el CELS yla Defensoría General dela Nación- demostró que hay un aumento del 350% en la población femenina carcelaria desde 1990 hasta 2007.

La vida de estas mujeres pasó de tener alguna changa o trabajo doméstico a una realidad de prisión en su mayoría por delitos no violentos, comercialización y transporte. Un 90% de las extranjeras está detenido por estos últimos dos motivos. Más del 85% de las presas es madre y jefa de hogar. Una mayoría está detenida en forma preventiva y por primera vez. Santos solicitó “una condena de menos de tres años para las mulas, es decir, excarcelable”.

La abogada Gabriela Basalo, integrante de la Red Argentina por los Derechos y Asistencia de los Usuarios de Drogas (RADAUD), sostuvo que  “la ley 23.737 establece un sistema perverso cuya finalidad parece ser facilitar el trabajo de la policía en detrimento de los derechos y garantías de las personas. El 70% de las personas privadas de su libertad producto de la ley de drogas es simplemente usuaria”. También consideró que la criminalización de la tenencia y del consumo de drogas, “no hizo más que alejar a los usuarios del sistema de salud”. Finalmente, afirmó: “Prohibir el  cultivo de marihuana es promover el narcotráfico”.

A través de un video, Alicia Castilla, autora del libro Cultura Cannabis y detenida este año en Uruguay, donde fue liberada pero continúa bajo proceso, relató cómo fue el procedimiento de su detención: “Llegaron a mi casa  cinco patrulleros, se llevaron frascos porque tenían olor a marihuana, mis computadoras, celulares, el exprimidor de naranja, una  licuadora y mis remedios homeopáticos”.

“En la cárcel aprendí otra parte del fracaso de la guerra contra las drogas -comentó-. Conocí que había pequeños y medianos comerciantes. Entonces, además de los cárteles hay un montón de cuentapropistas”. Castilla aseguró que en prisión “la mayoría está por vender pasta base y, una cierta minoría, cocaína”.

Experiencias de salud comunitaria

La sanción a finales del 2010 de la Ley Nacionalde Salud Mental abrió el camino a revisar el paradigma de atención a las personas usuarias de drogas. Con un panel conformado especialmente por personas con experiencia en el trabajo territorial en salud mental, la mesa Aportes para pensar los dispositivos de atención a personas que usan drogas”, moderada por Paula Goltzman, responsable del Area de Intervención de Intercambios, se concentró en la atención comunitaria como alternativa de atención.

El experto paraguayo Agustín Barúa Caffarena, jefe del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Asunción, presentó la experiencia de trabajo en su país, donde en la actualidad hay 503 equipos de salud mental que dependen del Ministerio de Salud del Paraguay trabajando en las comunidades, “conformados por profesionales y agentes comunitarios de salud contratados por el municipio. La idea es llegar a 1700 equipos para lograr una cobertura universal del país”, explicó. Trabajan con una metodología a la que bautizaron “clinitaria” y que se basa en tres ejes: acercamiento, vinculación y acompañamiento. “Estas tres palabras definen nuestra apuesta, centrada en el vínculo social solidario”.

Desde Rosario, Lautaro D´Anna, trabajador social, integrante del Proyecto de Prevención y Tratamiento de las Adicciones de los Centros de la Juventud de esa ciudad, presentó una ponencia basada en la construcción de anclaje en lo territorial y el trabajo entre distintos  programas del Estado: “Proponemos despedazar la idea del ‘MI’, ‘mi programa’, ‘mi taller’. Porque, por ejemplo, permanentemente vienen adolescentes  con bebés a pedir una formación de oficio. A estas personas las tendrían que atender un montón de programas diferentes, sería como despedazar la situación en quince programas diferentes. Entonces lo que hacemos es un trabajo con mini-equipo, tratar de articular y construir la intervención desde la intersectorialidad. Esto para desarmar un poco la idea de que ‘viene el programa de atención de adicciones y va a resolver el problema de drogas’. Eso es un mito, porque ningún programa por sí mismo puede resolver ese tema”, explicó.

Por su parte, Vanda Ianowski, jefa del Departamento de Salud Mental Comunitaria de Río Negro, presentó el Plan Provincial de Prevención, Atención y Rehabilitación de Personas con Consumo Problemático de esa provincia. Con la idea de un abordaje integral desde el modelo de reducción de daños, se propone como eje central “la participación social, porque la salud mental comunitaria no es posible si no hay organización popular”.

“A nivel local propusimos un equipo interinstitucional, que es un equipo de apoyo que combina los recursos existentes. Es interministerial, articula con la idea de re-transformar la demanda: sacar del centro el consumo de sustancias para ver la vida de la persona y trabajar su integralidad. Eso es particularmente importante en el caso del abuso problemático de sustancias. Que la internación quede como último recurso, que sea breve y que sea para la pronta integración social”, sostuvo Ianowski.

A su turno, Roxana Amendolaro, Coordinadora del Programa Discriminación y Salud Mental del INADI, presentó un estado de situación según las cifras relevadas en el libro “Vidas Arrasadas” (del cual es co-autora y que fuera editado por el CELS) sobre el sufrimiento en las instituciones de atención de la salud mental: 25 mil personas están detenidas en centros de internación, más de un 80% permanecen alojadas durante más de un año, el 75% está en centros de grandes dimensiones (800 o más camas), entre el 60% y 90% de estas personas no deberían estar internadas y  al menos el 75% de la población que requirió asistencia en salud mental en su vida, no la recibió. Amendolaro recordó que la reciente ley de Salud Mental 26.657 plantea en su artículo 4 que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante del campo de la salud mental” y que esto significa que “las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías”, lo que abre a la posibilidad de pensar nuevas intervenciones.

 

Una guerra por el control de la producción

En el cierre de la 9ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, la socióloga brasilera Vera Malagutti Batista, profesora de Criminología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y secretaria general del Instituto Carioca de Criminología, presentó un panorama sobre las implicancias en la ciudad de Río de Janeiro de las actuales políticas de control de las favelas bajo el argumento de “la lucha contra el narcotráfico y la violencia urbana” implementadas a través de las Unidades Policiales de Pacificación (UPP).

“Las UPP son en realidad fuerzas de ocupación”, señaló. En su conferencia magistral “Política, y políticas de drogas en América Latina”, describió el procedimiento: “La policía llega, mata a quince, veinte traficantes, y después se adueña de los territorios. Y, por ejemplo, la música de los jóvenes populares que es el funk, está prohibida en todas las zonas pacificadas. Si usted quiere hacer un bautismo, cumpleaños, tiene que pedir permiso al Capitán de policía, que es el nuevo jefe de la favela”.

Para la criminóloga, “el ex presidente Lula Da Silva tuvo muchas medidas sociales positivas para el pueblo, pero ha cometido el error de permitir el uso de las fuerzas armadas en la llamada lucha contra el narcotráfico. Es una recomendación que los Estados Unidos siempre hace al resto del mundo, pero que nunca ha llevado a la práctica en su propio país; sin embargo, le gusta mucho que los países de América Latina usen las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad interna. Y esto no es inocente”.

¿Por qué? Porque introduce el modelo bélico en la vida cotidiana: “Cada vez más se invierte en la lucha contra el crimen, gasto que se justifica a partir de generar campañas masivas de pánico social. El eje del problema no es la droga en sí, sino el control de aquella porción de la juventud considerada como peligrosa, que es la juventud pobre”.

“El número de muertos por la guerra contra las drogas es pavoroso en mi ciudad. La policía de Río de Janeiro conmemoró este año como un triunfo que sólo mató ochocientas personas. Fue una celebración, porque tenemos un promedio de 1200 asesinados al año por la policía, según cifras oficiales”, señaló la experta. “Nuestros países se han convertido en campos de batalla contra las drogas, pero en esta batalla los muertos y encarcelados son campesinos y jóvenes pobres”.

Vera Malagutti Batista afirmó que prefiere no hablar en términos de “tráfico de drogas”, sino que prefiere los términos “producción” y “comercio”. Esto, porque se trata de un mercado, en este momento ilegal, pero con los mismos patrones que todos los mercados. En vistas de los procesos de despenalización del consumo en diferentes países de Europa y las primeras señales en diversos distritos de los Estados Unidos, advirtió: “Si la despenalización de las drogas avanza en todo el mundo, es importante hacer una lectura geopolítica. Porque en pocos años la discusión será el control de la lucrativa fase de la producción y la localización de las drogas. América Latina puede perder su posibilidad de tener un control propio de sus territorios, si se concentra únicamente en despenalizar el consumo”.

A modo de cierre

Durante la 9ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas pudieron sumarse nuevos elementos que hasta ahora no aparecían en los análisis de años anteriores: el consenso ganado entre los legisladores y políticos en general para que la reforma de la ley de drogas apunte a quitar de una vez del campo penal a los usuarios de drogas. Legisladores y candidatos se pronunciaron abiertamente por la despenalización de la tenencia y el autocultivo.

Se advierte un análisis más serio y complejo sobre el mercado de las drogas como un negocio del crimen organizado donde confluyen factores económicos y un protagonismo clave de complicidad de distintos eslabones del Estado; la denuncia y clara puesta en evidencia del costo en destrucción de familias completas que significa que la guerra contra las drogas la paguen los eslabones más débiles del tráfico, como las “mulas” y los jóvenes de los barrios pobres.

El tercer gran eje se centró en las posibilidades de revisar las formas de atención de la salud de las personas que usan drogas desde dispositivos de salud mental comunitaria. Quedaron en evidencia las dificultades de articulación entre las “distintas partes” o programas sociales en que son fragmentadas las necesidades de las personas.

En el cierre, Graciela Touzé, planteó: “El desafío es que estos debates se retraduzcan no sólo en la posibilidad de repensar las consecuencias del abordaje actual de los problemas asociados a las drogas, sino también en una reforma legislativa y en políticas públicas que permitan en forma efectiva el respeto de los derechos humanos, la autonomía y una mejor calidad de vida de las personas”.

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